El abogado y dirigente social Juan Grabois llevará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que acusará al Gobierno de Javier Milei de "destruir" las políticas sociales. La denuncia se centrará en la discontinuación de la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios desde diciembre de 2023.
El testimonio de Grabois se sumará al de Alejandro Gramajo, secretario de la UTEP, quien también argumentará que las políticas de Milei han causado un “retroceso” en los derechos de los trabajadores informales. Según ellos, la actual gestión ha llevado a una crisis humanitaria entre los sectores más vulnerables del país.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se refutan las acusaciones de Grabois y Gramajo, asegurando que la distribución directa de recursos a las familias ha aumentado significativamente, alcanzando un 86% de las ayudas sociales. Además, destacan la mejora en el poder de compra de la AUH desde la llegada del gobierno de Milei.
La UTEP sostiene que la falta de asistencia a comedores comunitarios y la reducción de programas sociales constituyen una violación a derechos fundamentales, y busca que la CIDH visite Argentina para elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en los sectores de la economía popular.
Los dirigentes sociales denuncian que, a pesar de las declaraciones del Gobierno, las políticas alimentarias han sido afectadas, lo que perjudica gravemente a los más vulnerables. Se advierte que la falta de apoyo estatal está afectando a niños, jubilados y trabajadores informales.
La audiencia ante la CIDH, prevista para el 14 de noviembre, será clave para discutir la situación de las políticas sociales bajo el gobierno de Milei. Si bien la CIDH no tiene poder coercitivo, la intervención internacional podría abrir un espacio para evaluar la situación de derechos humanos en Argentina.
