La Cámara Federal confirmó el archivo de una denuncia penal contra Gonzalo Cané, ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, y Fabián Arturo Méndez, quien en 2017 era jefe del escuadrón 35 de la Gendarmería Nacional, por el presunto espionaje ilegal a familiares de Santiago Maldonado -el joven que en agosto de 2017 desapareció y fue encontrado ahogado en dos meses y medio después- y organismos de derechos humanos.
Metieron el cuerpo de Santiago Maldonado intacto en un río con 50 cm. de agua a 7 metros de la costa que ya había sido rastrillada 3 veces, Borraron pruebas, las Escuchas de mi telefono se las dieron a Infobae, etc, Mirá sino van a borrar el celular del atacante de @CFKArgentina
— Sergio Maldonado (@vikingomaldo) September 4, 2022
Santiago Maldonado desapreció el 1 de agosto de 2017 en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut, tras un corte de ruta que estaba realizando la comunidad mapuche del lugar que fue reprimido por Gendarmería Nacional. El caso tuvo relevancia nacional y generó distintas protestas y movilizaciones en reclamo de su aparición.
En esa línea, familiares de Maldonado y organismos de derechos humanos denunciaron que fueron espiados ilegalmente para conocer sus movimientos. El cuerpo del joven fue encontrado el 17 de octubre de ese año en el río Chubut dentro del Pu Lof. La causa de la muerte, determinó la justicia, fue la de ahogamiento.
#JusticiaPorSantiagoMaldonado #5AñosDeImpunidad#ElEstadoEsResponsable pic.twitter.com/GajhptjmZi
— Sergio Maldonado (@vikingomaldo) July 25, 2022
El juez federal Daniel Rafecas rechazó la denuncia porque entendió que no había determinado que el espionaje se había realizado. La Fiscalía consintió el cierre, pero la querella, a cargo de la diputada nacional Myriam Bregman, la apeló. Señalaron que el cierre de la causa era prematuro porque quedaban medidas de prueba pendientes.
Pero los jueces de la Sala II Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron el archivo del expediente al considerar que “no se han aportado signos que sirvan de puntapié suficiente para continuar con una pesquisa criminal”.
En disidencia votó el juez Roberto Boico. Entendió que el caso debía continuar bajo investigación. Explicó que una de las líneas a profundizar era el material encontrado en celulares de agentes de Gendarmería. Rafecas explicó que se trataba de notas periodísticas. Boico sostuvo sobre la fuente abierta que es un medio de comunicación que “las tareas de inteligencia, sean o no legítimas, no se agotan en seguimientos subrepticios y/u ocultos, sino que constituye una actividad orientada a la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación”.
