El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, enfrenta una nueva orden judicial que le exige incorporar a los programas alimentarios 66 comedores comunitarios gestionados por la Asociación Civil "El Amanecer de los Cartoneros". El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, dirigido por Enrique Lavié Pico, impone un plazo de tres días para la implementación de la medida, bajo la amenaza de sanciones si no se cumple.
Estos comedores forman parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y están vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), dirigida por Juan Grabois. El conflicto judicial surge del incumplimiento de una sentencia previa del juez Walter Lara Correa, que ordenó al gobierno garantizar el acceso a la alimentación para los sectores más vulnerables.
El Ministerio de Capital Humano ya había iniciado el proceso para incorporar los comedores de "El Amanecer de los Cartoneros" a los programas alimentarios, pero la falta de documentación y otros trámites pendientes habían demorado la inclusión de los espacios. Según la administración de Pettovello, 11 de los 77 comedores gestionados por la asociación no cumplían con los requisitos legales y no podían ser incorporados al Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM).
El 13 de noviembre, el Ministerio explicó que la inspección de los 66 comedores restantes estaba en proceso. Sin embargo, el juez Lavié Pico subrayó que el tiempo transcurrido ya era suficiente para realizar las visitas necesarias. En este contexto, destacó la urgencia de garantizar el derecho alimentario y cuestionó las respuestas dilatorias del Ministerio.
Este conflicto refleja las tensiones entre el gobierno y las organizaciones sociales, que insisten en que la crisis económica ha incrementado la vulnerabilidad alimentaria en sectores populares. La falta de entrega de alimentos en comedores y merenderos ha generado protestas y denuncias por parte de la UTEP y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes presentaron un amparo ante la justicia.
Finalmente, el juez Enrique Lavié Pico dejó en claro que de no cumplirse con la medida en el plazo estipulado, se aplicarían sanciones. Este caso pone de relieve el enfrentamiento entre las autoridades gubernamentales y las organizaciones sociales que luchan por asegurar el derecho a la alimentación en tiempos de crisis económica y social.
