El Gobierno aún no tiene elaborado el registro de las cooperativas de la economía popular que serán acreedoras del 30% de la obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos que dispuso por decreto el presidente Alberto Fernández. Se trata de una caja multimillonaria que ya genera disputa entre las organizaciones sociales que integran el Frente de Todos y que, en su mayoría, están agrupadas bajo el paraguas de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La confección de ese listado está en manos de los mismos dirigentes que serán beneficiados y que forman parte de la administración nacional en ministerios claves como el de Desarrollo Social, Trabajo, Jefatura de Gabinete y de Obras Públicas, entre otras áreas. Es decir que están de los dos lados del mostrador. Un hecho que podría tildarse, al menos, de discrecional.
El Movimiento Evita, alineado sin fisuras con el Jefe de Estado, aparece como el más favorecido no solo porque tiene decenas de cooperativas de trabajo a lo largo y ancho del país; sino porque sus dirigentes ocupan cargos claves en los lugares dónde se confeccionan esos registros. Los principales líderes de esa organización son Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro.
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El primero ocupa una secretaría de la Economía Social que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz. De él depende, por ejemplo, el alta y las bajas del programa Potenciar Trabajo, con más de 1.300.000 personas registradas.
Fernández cambio de ministro del área tres veces: el primero fue Daniel Arroyo, lo reemplazo Juan Zabaleta y a este lo sucedió la ex diputada. Sin embargo, Pérsico se mantiene en el cargo, como todos los dirigentes de los movimientos sociales que el Presidente nombró apenas llegó a la Casa Rosada.
Mientras que Navarro está al frente de la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, que forma parte de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Manzur. La secretaría depende de forma directa del vicejefe de esa cartera, Juan Manuel Olmos.
Infobae solicitó al Ministerio de Desarrollo Social de manera oficial la nómina de cooperativas de la Economía Popular en condiciones de acceder a la obra pública nacional como impone el decreto presidencial. Ese listado no está. Un funcionario de esa cartera explicó en off la carencia de ese padrón de la siguiente manera: “El Artículo cuatro hace referencia a que se va a promover la inclusión de las cooperativas de la economía popular en la obra pública siempre y cuando no supere el monto de trescientos millones de pesos. Estas cooperativas tienen las mismas características de las que se inscriben en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que es quien regula la matrícula y los certificados en vigencia de dichas cooperativas. Con el decreto dejamos en evidencia la voluntad del Gobierno de incluir en obras públicas pequeñas al sector cooperativo”.
El INAES funciona bajo la órbita de Olmos y Navarro en la Jefatura de Gabinete. Está a cargo de Alexandre Roig, un sociólogo francés que desde hace años está radicado en el país y también es dirigente del Movimiento Evita.
Según el listado al que accedió Infobae, en el listado del INAES están registradas 25.962 cooperativas y asociaciones civiles que van desde cooperativas de trabajo -no se identifica a que movimiento social pertenecen- hasta voluntariados hospitalarios, cooperativas escolares, policiales, clubes de barrios y asociaciones mutuales.
De todos los dirigentes sociales cuyas organizaciones son alcanzadas por el decreto 728, solo el diputado nacional Juan Carlos Alderete, integrante de la bancada del Frente de Todos y líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) respondió la consulta de Infobae sobre cuántas cooperativas de la economía popular dependen de esa estructura. Solo de la CCC son más de 300.
El dirigente del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y su brazo político, el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), reconoció que por la falta de trabajo muchas cooperativas de la CCC como de otros movimientos, perdieron la regularidad, aunque aún forman parte del enorme listado del INAES.
“En todo el país tenemos 328 cooperativas que están inscriptas en 20 provincias. De algunas de ellas no se pudo mantener la legalidad porque no tenían trabajo”, precisó Alderete.
-¿Qué significa que “no pudieron mantener la legalidad”?
-No perdieron la matrícula pero no presentaron los balances. Aun que no hayan manejado dinero por falta de actividad hay que presentar el balance anual. Eso no se pudo hacer en nuestra organización y otras por falta de trabajo.
Según pudo reconstruir Infobae las organizaciones sociales se disputarán la participación, sobre todo en obras relacionada a la urbanización de barrios populares. Estos trabajos se realizan sobre asentamientos que están inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). En todo el país son 5.685 en lo que viven casi cinco millones de personas.
El Programa tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos para la formulación, elaboración e implementación de Proyectos de Integración Socio Urbana para los barrios inscriptos en el ReNaBaP y la ejecución de los denominados Proyectos de Obras Tempranas.
Las obras a realizarse en estos asentamientos, según las disposiciones vigentes, “deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios”.
La directora del ReNaBaP es Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), cuyo líder es Juan Grabois. El MTE, como el resto de los movimientos populares tienen decenas de cooperativas de trabajo que ya son beneficiadas con fondos del Estado. Por ejemplo, la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros recibió, desde 2020, 799 millones de pesos según los datos a los que accedió este medio del Ministerio de Economía. Antes del decreto 728 publicado el viernes pasado, y a través de transferencias discrecionales, casi 300 asociaciones y unas 200 cooperativas, la mayoría vinculadas a movimientos populares enrolados en el Frente de Todos, recibieron transferencias por más de diez mil millones de pesos que no están incluidos dentro de los programas de asistencia social.
Gracias al decreto, las cooperativas de la economía popular se aseguran recibir 90 millones de pesos de las obras de hasta 300 millones por los trabajos que realicen. La intención del Gobierno es empalmar, realizar un puente entre los beneficiarios del Potenciar Trabajo y empleo genuino. Por eso, la normativa prohíbe ampliar la plantilla de beneficiarios a ese programa. Tampoco se podrá reemplazar las bajas. Sin embargo el texto no pone como condición que el personal contratado sea titular del Potenciar Trabajo. Solo debe pertenecer a una cooperativa.
Pérsico y Navarro no son los únicos funcionarios que integran las organizaciones sociales oficialistas y que manejan cooperativas de trabajo que están incluidas en el artículo cuarto del polémico decreto que ordena: “Promuévase en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el otorgamiento del treinta por ciento de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta pesos trescientos millones de pesos, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas. En todos los casos la obra se realizará bajo la modalidad de contratación que corresponda”, es decir directa o por licitación.
En este punto vale una aclaración: la obra se otorga a una empresa de construcción, y es esta la que debe contratar de manera obligatoria a las cooperativas de la economía popular. Es decir, a estas se las adjudica de manera directa siempre.
Otro de los piqueteros que pasó a formar parte de la estructura del Estado y que tiene cooperativas de trabajo es Edgardo Depetri. Está al frente de la Subsecretaría de Ejecución de Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas en cabeza de Gabriel Katopodis. Se trata de la cartera que adjudica las principales obras públicas nacionales. Depetri es dirigente nacional del Frente Transversal Nacional y Popular, una de las organizaciones sociales más leales al kirchnerismo.
Rafael Klejzer, otro nombre con volumen propio dentro de las organizaciones barriales y sociales, es el director de la Secretaría de Economía Social. Klejzer es el principal referente del Movimiento Popular La Dignidad.
Otra de las organizaciones sociales que serán beneficiadas con la obra pública es Somos Barrios de Pie. Su coordinador nacional es Daniel Menéndez. Al igual que Pérsico y Klejzer cumple funciones en Desarrollo Social: es el subsecretario de Promoción de la Economía.
Miguel Gómez, también dirigente del Evita cumple funciones en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es el responsable de la Secretaría de Agricultura Familiar. Gómez proviene de las organizaciones campesinas: integra el Mocase Vía Campesina, que también forma parte del Movimiento Evita. Y es el principal referente del Frente Agrario Evita.
Los movimientos sociales obtuvieron un segundo logro. El artículo quinto del decreto 728 le ordena a la Oficina Nacional de Contrataciones “incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes en cuya nómina se acredite un mínimo del cinco por ciento de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa ‘Puente de Empleo’”. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos explicó que esta resolución permite “avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino”.
Según una alta fuente de la Casa Rosada “todo el requerimiento legal para presentarse a las licitaciones y adjudicaciones está en el marco de la ley nacional de contrataciones”. La Oficina Nacional de Contrataciones depende de Jefatura de Gabinete.
Pérsico fue señalado desde el Ministerio de Desarrollo Social como el funcionario y dirigente social que tiene una de las llaves para armar la lista de las cooperativas de la economía popular que accederán al 30% de la obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos. De él depende el registro de beneficiarios del Potenciar Trabajo y de las Unidades de Gestión -la mayoría cooperativas- a través de las cuales se emplea a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Por esa razón, Infobae lo consultó para conocer esa nómina, si es que está elaborada y sí en ella está discriminado las que tienen capacidad e idoneidad para trabajar en obras publicas. Hasta el cierre de esta nota el líder del Movimiento Evita no respondió.
