Alberto Fernández instruyó en 2019 a su entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, que segmentara las tarifas según ingresos de los usuarios y que quitara o redujera subsidios a quien correspondiera. Dos años después, Guzmán quiso echar al subsecretario de Energía Eléctrica, el cristinista Federico Basualdo, porque no avanzaba con la difícil pero tampoco titánica tarea de segmentar. En julio pasado, los dos dejaron el Gobierno, con la segmentación anunciada pero no instrumentada. La población, con sus desiguales accesos a la información y a la tecnología, tuvo pocos días para pedir la subvención, se retrasó entonces la confección de listas de usuarios con y sin ella y la nueva secretaria de Energía, Flavia Royón, apuró el proceso, pero no pudo llegar a cumplir con la fecha de aplicar la poda y el consiguiente incremento de tarifas a partir del 1° de septiembre.
Los listados de los hogares que perderán el 100% o una parte del subsidio al gas recién llegaron a las distribuidoras el 26 de septiembre. Por tanto, facturaron los primeros 25 días del mes pasado con las subvenciones antes vigentes y a partir del 26 comenzó el aumento de tarifas. En el caso de las listas de clientes de las eléctricas que dejarán de cobrar todo u una porción de la ayuda, las empresas las recibieron hace 10 días pero el incrementó se inició este sábado 1 de octubre, según lo dispuso el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tras una petición por carta de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Camessa) del pasado viernes.
En el caso del gas, el 48% de los clientes de empresas como Metrogas dejó de recibir subsidios. En el de la luz, el 37% de los usuarios de firmas com Edesur también se quedó sin ayudas. Más allá de que en julio las personas contaron con un plazo acotado para pedir la subvención, los gobiernos nacional y los provinciales demoraron la aplicación del alza porque buscaron mecanismos para identificar beneficiarios de ayudas sociales que no se habían anotado para que sigan recibiendo tarifas energéticas menores. Por ejemplo, el ENRE está identificando a través de georreferenciación las zonas y los usuarios que no reciban el subsidio y lo necesiten. Mañana, por ejemplo, desplegará un operativo en un centro de jubilados de La Matanza, en coordinación con asociaciones de consumidores, y planea repetirlo en otros municipios del Gran Buenos Aires. Por eso las empresas atribuyen el atraso a una cuestión operativa y no a la falta de vocación del ministro de Economía, Sergio Massa, por aplicar el ajuste.
En las gasíferas se muestran confiados en que se cumplan el cronograma de quita de subsidios: ya recortaron el 20%, en noviembre cortarán otro 40% y en diciembre ya quedará eliminado. Sin embargo, en las eléctricas temen que en la medida en que se acerque el verano y se eleve el consumo, crecerá la presión cristinista por atrasar los aumentos de tarifas previstos en medio del alza de la inflación y la tensión social de todos los fines de año. Ya en los últimos días la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó con su reclamo a Massa para combatir la suba de precios y su hijo y diputado Máximo Kirchner llegó a advertir que con el dólar soja que inventó el ministro las cerealeras “pusieron de rodillas” al Gobierno.
