Alberto Fernández le pidió al jefe del bloque oficialista en Diputados Germán Martínez iniciar el debate de la ley que grava la renta inesperada y negociar los votos para aprobarlo, aún cuando Sergio Massa anticipó que no es posible.
La expectativa sigue siendo convencer a los gobernadores opositores de beneficiarse de la coparticipación del impuesto, pero de no lograrlo las fichas están puestas en la dupla de socialistas y los cuatro del Frente de Izquierda. También hay un sondeo con la peronista disidente Graciela Camaño, quien podría pedir modificaciones.
El proyecto grava con una alícuota del 15% a las empresas con ganancias de más de 1000 millones de pesos, que hayan crecido este año en términos reales (por encima de la inflación) más del 10%; o un 20% por encima de 2021.
En el Gobierno entiende que esos saltos sólo fueron posibles con incrementos de las cotizaciones internacionales de commodities, beneficiaron a 350 empresas.
Calculan una recaudación de 1000 millones de dólares, pero cuanto más tiempo pase sin que la ley se sancione y se aplique, más tardará en ingresar ese dinero. Y si pasa todo el año deberían hacerse los cálculos otra vez.
Por tratarse de una ley impositiva se requieren 129 votos sin importar cuantos diputados haya sentados y el presidente de la Cámara puede emitir el suyo, aun si no hubiera un empate. De ocurrir, sería la primera vez que Massa defina una ley.
Los 2 diputados socialistas y los 4 de izquierda podrían alcanzar al Gobierno para aprobar la ley de renta inesperada. Graciela Camaño no descartó acompañar. Alberto quiere la ley antes de aprobar el presupuesto de 2023 para garantizar la recaudación.
El Frente de Todos tiene 118 votos y en cada sesión busca sumar 5 de partidos provinciales y al aliado ocasional Claudio Vidal, de Santa Cruz.
Los primeros no están están del todo garantizados porque el senador rionegrino Alberto Weretilneck le puso reparos a la renta inesperada y tiene dos diputados para hacerse valer: Agustín Domingo y Luis Di Giácomo. La otra dupla es de misioneros, leales al Gobierno.
Si el Frente de Todos llegara a tener estos 6 votos garantizados, con el sexteto que surja del PS y el FIT se alanzaría a 130, uno más que la mayoría, por lo que en ese caso ni sería necesario el voto de Massa.
"Nosotros no tenemos una posición tomada y por ahora nadie habló con nosotros", aclaró el diputado Enrique Estévez, quien hace dupla socialista con Mónica Fein.
La izquierda anticipó que debatirá la ley si le otorga una asignación específica a la renta. Lo planteó Myriam Bregman, del PTS, de donde también provienen Nicolás Del Caño y el jujeño Alejandro Vilca. "Habría que dar la discusión por el destino de los fondos de la renta inesperada", sostuvo en una entrevista radial.
El cuadro de izquierda lo completa Romina del Plá, del Partido Obrero, quien en el debate de boleta única marcó diferencia con sus pares al habilitar el tratamiento en comisión.
Del Plá sostuvo que esperará el dictamen para tomar una decisión. "Insistiremos con nuestro proyecto de impuestos progresivos a las grandes rentas, fortunas, propiedad terrateniente y bancos, de carácter permanente. Y esperaremos la letra definitiva de la 'renta inesperada'. Por ahora, el oficialismo no tiene intención de destinar los fondos a asignaciones específicas, que es lo que vamos plantear".
Los 4 de izquierda ya ayudaron al Gobierno cuando aumentó el impuesto a los bienes personales en diciembre, en una sesión que Juntos por el Cambio convocó para bajarlo, pero le faltaron 3 diputados y se quedó en minoría.
Camaño facilitaría las cosas y hasta le bajaría el precio a Weretilneck, mucho más si la acompaña el bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez, jefe de su interbloque, el federal, que integran además los socialistas, Florencio Randazzo y tres cordobeses cercanos al gobernador Juan Schiaretti.
Estos últimos cuatro votarán en contra de la renta inesperada, sea cual sea la negociación en comisión. Weretilneck, además, dejó de ser decisivo en el Senado, donde el Frente de Todos sumó como aliada fija ala riojana Clara Vega.
Pero Camaño abrió una puerta para negociar. "No tenemos una decisión discutida. Vamos a discutirlo y recién después de que lo discutamos y después vamos a pronunciarnos como interbloque. Nosotros no somos Juntos por el Cambio", se diferenció, en una entrevista.
Martínez le prometió a Alberto iniciar el debate en las próximas semanas e intentar aprobarlo al inicio del segundo semestre, cuando se espera la llegada del proyecto de presupuesto 2023. Martín Guzmán debería enviarlo el 15 de septiembre y con las metas del FMI incluidas.
El pesimismo de Massa se debe a que Juntos por el Cambio se comprometió en campaña a no votar un incremento de impuestos y por lo tanto los números siempre estarán muy finos. No le encuentra beneficio a iniciar el debate para perder o no llegar al recinto, como ya no ocurrió con otras leyes.
En el principal frente opositor cree que la ley es una revancha por no haberse atrevido a subir las retenciones a las exportaciones de granos.
"Los 1000 millones de facturación alcanza a todas las exportadoras del país que crecieron con la suba de las cotizaciones. El problema es que el impuesto lo van a trasladar a toda la cadena de valor y se va a ir a precios", sostuvo uno de los jefes de JxC. No imagina una debate en el recinto. Cree que el oficialismo no tiene los votos.
