La alianza Va por México anunció hoy el método para elegir a su candidato presidencial, lo que genero especulaciones y preocupaciones. El proceso se llevará a cabo fuera de los tiempos electorales establecidos por la ley, lo cual ha generado inquietud dentro de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y diversas organizaciones civiles.
El método consta de tres etapas. En la primera etapa, los aspirantes deberán inscribirse a partir del 4 de julio ante la comisión de registros de cualquiera de los tres partidos y ser respaldados por ciudadanos en una plataforma virtual. Se requiere un mínimo de 150,000 firmas para cada aspirante.
Todo el proceso se llevará a cabo bajo un nuevo nombre, el Frente Amplio por México, para evitar posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el árbitro electoral. El frente será registrado ante el INE, quien también supervisará las firmas de respaldo.
La segunda etapa consistirá en un gran "foro" o debate en el que participarán los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos de firmas. Después de este encuentro, se realizarán estudios de opinión pública para seleccionar a los tres candidatos mejor evaluados, quienes pasarán a la tercera etapa. La tríada finalista se enfrentará en cinco debates adicionales y se realizarán nuevos estudios de opinión.
El 3 de septiembre se llevarán a cabo elecciones primarias en las que solo podrán participar aquellos que se hayan registrado en la plataforma electrónica de la primera etapa. Los comicios y los sondeos tendrán un valor del 50% cada uno, y el candidato mejor evaluado será seleccionado.
Sin embargo, el proceso plantea preocupaciones legales, ya que no es el momento de elegir candidatos presidenciales según la ley vigente, por lo que no se puede gastar dinero en precampañas. Los aspirantes necesitarían un alto presupuesto para obtener las firmas requeridas en la primera etapa, estimándose un costo mínimo de 20 pesos por firma.
La alianza espera obtener permiso del INE para utilizar parte del dinero que ya les fue aprobado para 2023. No obstante, cada partido asumiría los gastos de los aspirantes que provengan de sus propias filas, mientras que los candidatos de la sociedad civil deberán buscar financiamiento externo, lo cual podría ser un obstáculo significativo para ellos.
La participación ciudadana en el proceso también genera dudas. Cualquier persona que cumpla con los requisitos puede postularse, y aquellos que deseen votar en las primarias deben registrarse en un padrón o inicialmente firmar en apoyo a uno de los aspirantes.
Algunos consideran esto como una limitación a la participación ciudadana, ya que está restringida a aquellos que se inscriban en el padrón. Además, existen temores de que el candidato sea seleccionado de manera discrecional a pesar del proceso anunciado.
La conformación del comité organizador de las elecciones primarias también ha sido objeto de críticas internas, ya que estará compuesto por representantes de los partidos políticos y miembros de la sociedad civil, lo que podría generar sanciones. A pesar de estas preocupaciones, la alianza avanza hacia la elección de su candidato, quien será presentado tres días antes que el partido gobernante, Morena.
Varios aspirantes han planteado interrogantes sobre la legalidad, financiamiento y fiscalización del proceso. Buscan asegurarse de que el método sea sólido y que no se incurra en actos ilegales, financiamiento ilícito o conductas clientelares.