Las declaraciones del presidente Javier Milei desataron una ola de reacciones judiciales y políticas tras su polémica amenaza de perseguir "hasta el último rincón del planeta" a quienes llamó "zurdos hijos de puta". El hecho no pasó desapercibido y ya generó varias denuncias penales que ponen en el centro del debate la Ley Contra la Discriminación y el impacto de las expresiones de los líderes políticos en la sociedad.
El abogado Gregorio Dalbon, conocido por su defensa de Cristina Kirchner en causas mediáticas, presentó una denuncia penal contra Milei por los delitos de amenazas, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley Contra la Discriminación. En sus palabras, no se trata de un comentario aislado, sino de un mensaje que busca "generar miedo y estigmatizar" a un sector político, evocando prácticas autoritarias. Según Dalbon, cuando un presidente emite un mensaje con estas características, las implicancias no son solo personales: "Se socava la confianza en las instituciones democráticas".
La denuncia de Dalbon recayó en el juzgado número 6 de Comodoro Py, subrogado por Daniel Rafecas, pero durante la feria judicial está a cargo de Sebastián Ramos. Además, Dalbon solicitó que se habilite la feria judicial y que la denuncia sea elevada a la Cámara de Diputados para evaluar un eventual juicio político contra Milei.
El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, también denunció penalmente a Milei, acusándolo de "instigación a cometer delito". Por sorteo, su denuncia cayó en el juzgado número 11 de Julián Ercolini. Por su parte, la ex diputada nacional Myriam Bregman anunció que presentará una denuncia similar, ampliando las repercusiones legales de los dichos del presidente.
Estas denuncias abren un debate no solo en el ámbito judicial, sino también en el político y social. ¿Hasta qué punto la máxima autoridad del país puede emitir declaraciones que algunos consideran incitadoras de violencia? Y, más importante, ¿cómo se interpretan estas expresiones bajo el marco de la Ley Contra la Discriminación?
La Ley Contra la Discriminación, clave en estas denuncias, busca proteger a los ciudadanos de actos y discursos que fomenten odio o violencia por motivos de raza, religión, ideología o cualquier otra característica protegida. Según expertos legales, las expresiones de Milei podrían ser analizadas como una violación a esta norma, configurando un acto de intimidación pública.
El avance de estas denuncias dependerá del criterio de los jueces asignados y de cómo se interprete el contexto de las declaraciones de Milei. Mientras tanto, el debate sigue en aumento, tanto en los tribunales como en la arena política, donde las posturas están divididas.
Esta serie de eventos plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde pueden llegar las palabras de un líder antes de cruzar los límites de la democracia?