En 2024, YPF gastó más de 97 mil millones de pesos en publicidad y propaganda, pero todavía no dice en qué medios. ¿Por qué se niega a contar lo que hizo con esa plata? La respuesta esconde más de lo que parece, y revela cómo se mueve hoy la pauta oficial. La pregunta que nadie responde es simple:
Aunque la empresa tiene mayoría estatal (el 51% es del Estado argentino), YPF se niega a responder los pedidos de acceso a la información. A pesar de estar obligada por ley, desoyó los reclamos de la Agencia de Acceso a la Información Pública y hasta las presentaciones de medios como Chequeado, que intentaron obtener esos datos por vía formal a través del Registro de Acceso a la Información Pública.
Pero esto no es un simple problema administrativo. El silencio de la petrolera estatal expone una red de poder y discrecionalidad que va más allá del discurso de “pauta cero” que el gobierno libertario viene repitiendo desde que arrancó su gestión.
Santiago Caputo, el consultor estrella del oficialismo, es quien hoy maneja las principales vías de distribución de pauta del Estado: Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y YPF. Esas tres “cajas” se convirtieron en la vía preferida para repartir publicidad oficial, sin necesidad de pasar por controles más estrictos.
Dentro de YPF, la decisión sobre a quién se le da (y a quién no) pauta publicitaria recae en Guillermo Garat, socio de la consultora Move, puesto en el directorio por recomendación de Caputo y Rodrigo Lugones. La cifra que manejan es gigantesca: en comparación, durante el último año de Alberto Fernández, la petrolera había gastado 31.749 millones en publicidad. Hoy, ese número se triplicó.
Este uso discrecional de una empresa estatal con fondos públicos generó problemas incluso a nivel internacional. En el juicio que YPF enfrenta en Nueva York por la estatización de sus acciones, su defensa se basa en que no es una herramienta del Estado. Pero estas maniobras con la pauta debilitan esa posición: los abogados del fondo Buford alegan que YPF es en realidad un “alter ego” del Gobierno argentino, y por eso debería responder con sus bienes a las deudas del Estado.
Dentro del propio oficialismo, el reparto de la pauta genera roces. Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, Karina Milei desconfía del vínculo que Caputo y Lugones mantienen con ciertos medios y periodistas, a los que ella no tiene acceso.
En medio de la interna, la caja publicitaria de YPF sigue funcionando. Lo que no funciona, al menos por ahora, es el derecho de los ciudadanos a saber cómo se gasta esa plata.
