La creciente inseguridad en la Provincia de Buenos Aires desató una nueva disputa entre la gestión de Axel Kicillof y el gobierno nacional. Pero esta vez, los intendentes de Unión por la Patria también se metieron en la discusión, reclamando medidas concretas y señalando la falta de recursos como uno de los principales problemas.
¿Qué está pasando realmente? El conflicto escaló a tal punto que hasta el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quedó bajo la lupa. Los jefes comunales exigen respuestas y soluciones, mientras la Provincia apunta contra la Casa Rosada. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad final?
La hipocresía de Milei.
— Francisco Echarren (@EcharrenF) February 6, 2025
Mientras habla de la seguridad de la Provincia nos roba el fondo de seguridad que nos corresponde por ley.
Por eso los Intendentes de @unionporlaPatria pedimos el deposito inmediato de lo que nos corresponde.
No se puede ser tan caradura y mentiroso. pic.twitter.com/q68fdoCpXL
Los alcaldes de Unión por la Patria no se quedaron callados. Aunque estaba prevista una reunión presencial para discutir la situación, finalmente la comunicación se dio por vía telefónica. Allí, los intendentes plantearon la necesidad urgente de que se despliegue la Gendarmería en las zonas más afectadas por la inseguridad y la creación de un fondo especial para financiar estos operativos.
Pero también hubo críticas internas: el desempeño del ministro Javier Alonso fue puesto en discusión. Algunos consideran que las acciones de la cartera de Seguridad provincial no están siendo suficientes para frenar la ola delictiva.
Frente a esto, el propio Axel Kicillof respondió apuntando al gobierno nacional. El gobernador exigió que se restituya el Fondo de Seguridad, un recurso clave de 750.000 millones de pesos que, según denunció, fue recortado por la administración de Javier Milei. "Sin esos fondos, la Provincia no puede enfrentar el problema como corresponde", argumentó.
El núcleo de intendentes oficialistas de la Quinta Sección electoral también elevó su voz. En un comunicado conjunto, exigieron al Poder Ejecutivo Nacional la devolución inmediata de los fondos. "El año pasado, cuando se recortó ilegalmente, ya habíamos hecho este pedido. La desfinanciación del Estado provincial parece ser su principal política", denunciaron.
Además, los jefes comunales detallaron el impacto de ese recorte: "Con esos 749 mil millones de pesos, la Provincia podría haber adquirido 10 mil patrulleros o 30 mil cámaras de seguridad para los 135 municipios. Nosotros hacemos lo que podemos, pero sin el apoyo del Estado Nacional, es insuficiente".
El documento fue firmado por los intendentes Francisco Echarren (Castelli), Juan Pablo García (Dolores), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Javier Gastón (Chascomús), Héctor Olivera (Tordillo), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Alberto Gelené (Las Flores).
Mientras la inseguridad sigue golpeando a la Provincia, el cruce entre la administración de Axel Kicillof y la Nación no parece tener una solución inmediata. Los intendentes de Unión por la Patria continúan presionando para que se tomen medidas concretas, pero la falta de recursos y la tensión política complican el panorama.
El debate está abierto: ¿será posible que la Provincia y la Nación lleguen a un acuerdo para enfrentar la inseguridad? Mientras tanto, los vecinos esperan respuestas urgentes en un contexto cada vez más crítico.
