La Comisión de Asuntos Constitucionales comenzó este miércoles a tratar una flexibilización de los sistemas de consulta e iniciativa popular a partir de proyectos presentados por los kirchneristas Juliana Di Tullio y Oscar Parrilli, quien quiere usarla para que la gente defina si acepta una ampliación de la Corte Suprema a 25 miembros, como proponen los gobernadores.

Pero además, en un breve diálogo con la prensa, Parrilli no descartó que sirva para otros temas como la negociación con el FMI, en la que fue uno de los oficialistas que no acompañó el acuerdo firmado por Alberto Fernández.  

La consulta popular es un sistema que permite a un presidente o al Congreso llamar a una votación por un tema específico, pudiendo ser o no vinculante. Recién se reglamentó en 2001 mediante una ley que los proyectos presentados intentan reformar. 

Proponen que alcance una mayoría simple para convocarla (la ley no lo deja claro) y que pueda votarse en simultáneo con otras elecciones, para de esa manera aprovechar la logística nacional. Además, borran la prohibición a temas con mayorías especiales, como podría ser la reforma al Consejo de la Magistratura aprobada por el Senado en 2020 y cajoneada en Diputados.   

Durante el debate en comisión, Parrilli anunció que en su proyecto la consulta popular sólo tendría las excepciones constitucionales, como una reforma de la carta magna, tratados internacionales, tributos y temas penales. Para esos casos sólo correría la no vinculante, como mecanismo de presión social.

Parrilli propone que la consulta popular pueda realizarse en simultáneo a otra elección y que la iniciativa la pueda pedir el 0.5% del padrón. Y pide ampliar los temas posibles. Cristina Kirchner avaló su propuesta. 

 "No estamos siendo originales, ni creativos ni novedosos en este tema, sino lo que queremos es empezar a trabajar y que asumamos que las leyes actuales vigentes, como están vigentes no permiten que las iniciativas de consulta popular se puedan llevar adelante", señaló el neuquino.  

Enumeró los antecedentes de este instrumento en el mundo, algunos recientes como la creación del Brexit en Reino Unido, que significó su salida de la Unión Europea. En Estados Unidos es habitual que cada región acompañe la elección presidencial con la definición de otros asuntos, como la legalización de la marihuana. 

"Si en 20 años no hubo una sola consulta popular, el mecanismo no funcionó. Evidentemente algún problema tenían esas leyes", evaluó el neuquino y anunció que habrá dos o tres reuniones más antes de dictaminar.

Parrilli contó que la reforma cuenta con el respaldo de Cristina Kirchner, quien en su discurso ante el parlamento europeo en 2018 y en su reciente exposición en Chaco habló de acercar a la gente a la política a través de la participación. La consulta popular sería el recurso. "No hay que tenerle miedo a la politización", desafió.

Por otra parte, la iniciativa popular es una propuesta de un grupo de gente para definir un tema y la ley reglamentaria exige el aval del 1% del padrón. Parrilli quiere que sea el 0.5% e igualar los requisitos la ley de financiamiento de partidos políticos, que permiten aportes privados. 

La oposición asistió a la reunión de comisión, pero no anticipó posición. "Nos gustaría dedicarnos a los temas de coyuntura. Hay una convocatoria al secretario de Energía Darío Martínez", sostuvo la radical mendocina Mariana Juri. 

Sin embargo, Parrilli se apoyó en los proyectos presentados por opositores y hasta por Mauricio Macri, para que la consulta popular sea más fácil de hacer. Uno de los últimos es de la diputada Silvia Lospennato, del PRO. 

Habrá dos o tres debates de comisión antes de aprobar la ley, que tal vez llegue al recinto junto a la ampliación de la Corte. El oficialismo tiene mayoría. Pero en Diputados no.