La obra social Osprera está nuevamente en el centro de una polémica judicial. El Gobierno ha denunciado un posible desfalco de 3.350 millones, relacionado con la administración irregular de fondos durante la gestión del gremio UATRE. Esta acusación resurgió en el marco de una audiencia judicial en la Cámara Federal de La Plata, donde se tramita una causa por lavado de dinero contra José Voytenco, titular del gremio.
Según la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el problema surge de la rendición de los fondos, presentada el 7 de diciembre y aprobada al día siguiente. La denuncia de presunto desfalco coincide con la intervención judicial de Osprera en 2023, tras detectarse irregularidades en su administración. La SSS subraya que este hecho agrava la situación de la obra social, que enfrenta múltiples problemas administrativos y financieros.
Frente a esta acusación, UATRE ha reaccionado con firmeza, señalando que José Voytenco no tenía responsabilidad en esos manejos, ya que la intervención judicial se produjo durante casi todo el período mencionado. El gremio destacó que, desde su llegada a la secretaría general en julio de 2024, Voytenco ha comenzado un proceso de "saneamiento" de Osprera, aunque reconocen que 104 días no son suficientes para una transformación profunda.
Las tensiones entre el Gobierno, representado por Mario Lugones, y UATRE continúan. En su defensa, el gremio acusa a la SSS de ocultar información clave y de actuar de manera "intempestiva" en la denuncia. En este contexto, UATRE pide colaboración para resolver los problemas de los afiliados y evitar que la intervención judicial siga afectando los servicios de la obra social.
Osprera fue intervenida judicialmente en marzo de 2023 tras denuncias por irregularidades durante la gestión de Voytenco y su antecesor, Pablo Ansaloni. Desde entonces, la obra social enfrenta dificultades para atender las necesidades de sus afiliados, como la falta de medicamentos y la suspensión de prestaciones médicas.
Con el conflicto sin resolverse, el futuro de Osprera y su capacidad de atención a los afiliados sigue siendo incierto. La disputa entre UATRE y el Gobierno muestra la complejidad de la situación, mientras se mantiene el control judicial sobre la obra social y la denuncia de un posible desfalco sigue siendo un tema central.
