La Dirección General Impositiva (DGI) enfrenta un escándalo que deja en jaque a su nuevo jefe, Andrés Vázquez. Según una investigación internacional, Vázquez habría adquirido inmuebles no declarados en Estados Unidos a través de sociedades offshore, por un valor que supera los 2 millones de dólares. ¿Qué impacto puede tener esto para la transparencia en la gestión pública?
El informe fue revelado por el consorcio periodístico que destapó los Panamá Papers, y vincula a Vázquez con un entramado de sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Estas empresas habrían servido para comprar tres propiedades de lujo en Miami y Sunny Isles Beach.
Entre las sociedades involucradas figuran Alcorta Corp, Pompeya Group Corp, y Galanthus Capital Limited, utilizadas para operar con discreción y eludir controles. Según los documentos, dos de estas propiedades siguen bajo control de Vázquez, mientras que una fue vendida en 2018.
El punto más polémico es que ninguna de estas adquisiciones fue informada en la declaración jurada presentada por Andrés Vázquez ante la Oficina Anticorrupción (OA), violando la Ley de Ética Pública. Las irregularidades podrían derivar en acusaciones de “omisión maliciosa”, un delito que prevé la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los bienes en cuestión incluyen:
Curiosamente, la última declaración jurada de Vázquez solo menciona tres cuentas bancarias en EE. UU., con un saldo menor a 3.000 dólares.
No es la primera vez que Andrés Vázquez es señalado por operaciones sospechosas. En 2011, enfrentó denuncias por controlar una cuenta en Curazao con más de 400.000 dólares. Sin embargo, esa causa fue archivada por falta de pruebas.
A pesar de estos antecedentes, Vázquez ha tenido una destacada carrera en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En octubre de 2024, fue designado como jefe de la Dirección General Impositiva, una decisión que generó divisiones dentro del gobierno.
El caso Vázquez reabre el debate sobre las sociedades offshore y su uso para ocultar patrimonio. Estas estructuras, aunque legales, suelen estar asociadas a prácticas de evasión fiscal y falta de transparencia.
La Dirección General Impositiva se encuentra ahora bajo la lupa, enfrentando preguntas sobre cómo un funcionario acusado de manejar bienes no declarados puede encabezar el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento tributario.
¿Es este el principio de un cambio en los controles a los funcionarios públicos? La opinión pública y el sistema judicial serán clave para definir el desenlace de este caso que pone en jaque la confianza en las instituciones.
