VISIÓN POLÍTICA

En los primeros días de noviembre el subprocurador de la Suprema Corte, Juan Ángel de Oliveira dejará ese poderoso cargo y Axel Kicillof tendrá la chance de llenar otro casillero clave para el funcionamiento de la Justicia en la provincia de Buenos Aires.

De Oliveira tiene 80 años de edad y decidió jubilarse luego de una larga trayectoria en el Poder Judicial, 25 de ellos en el cargo de subprocurador.

El Gobernador deberá enviar ahora un pliego de designación al complejo Senado bonaerense. Allí deberá buscar acuerdo con la oposición toda vez que el Frente de Todos no cuenta con mayoría propia. "Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador y el subprocurador general, serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros", dice el artículo 175 de la Constitución provincial.

Se prevé una negociación compleja y el pliego puede entrar en la discusión por otros lugares importantes como las tres vacancias que existen en el Máximo Tribunal bonaerense.

Por estos días, la posibilidad de nombrar los asientos vacantes en la Suprema Corte parece improbable. Meses atrás, la presidenta del Máximo Tribunal, Hilda Kogan, trasladó la preocupación al propio Kicillof por la demora en el envío de los pliegos al Senado.

En julio, desde el gobierno aseguraban que la idea del Gobernador era completar las tres vacancias antes de fin de año, sin embargo necesita garantizar dos a corto plazo para no correr riesgo con el quorum del Máximo Tribunal bonaerense.

La complejidad también alcanza a la oposición. Es que la estrategia era que uno de los pliegos lo definía Kicillof y el otro lo definía la principal coalición opositora.

En Juntos parecía haber un acuerdo para que la vacante surja del radicalismo. Eso se basaba en que el último juez de la Suprema aprobado por el Senado fue elegido por María Eugenia Vidal.

Pero volviendo a la Procuración, los diputados del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense no consiguen los votos para activar el procedimiento para avanzar con el juicio político al procurador Julio Conte Grand, a quien acusan por mal desempeño en sus funciones.

El kirchnerismo presentó el proyecto en enero y desde entonces busca aliados para poder avanzar. De inmediato encontró oposición en el PRO, luego en el radicalismo y también rechazaron la idea liberales y libertarios.